American Oversight demanda para documentos sobre la falta de preparación y el papel de Trump durante el ataque del 6 de enero

Más de dos meses después del ataque violento en el Capitolio de EEUU, la gente estadounidense todavía no tiene respuestas a preguntas claves sobre cómo reaccionó la administración de Trump— o potencialmente retrasó una respuesta — a los eventos alarmantes del 6 de enero. Esta semana, American Oversight demandó a varias agencias para obtener documentos que finalmente puedan revelar más información sobre las acciones que Trump tomó ese día, y qué ocurrió en la sombra mientras una turba violenta y armada, animada por el ex Presidente Trump, buscaba prevenir la certificación de la elección de 2020.

Las demandas de esta semana buscan archivos, incluyendo correos electrónicos y mensajes de texto, además de directivos o órdenes enviados o recibidos el día del ataque — comunicaciones que podrían aportar conocimientos importantes sobre cómo funcionarios reaccionaron a la violencia que rápidamente se intensificó en el Capitolio. También buscan archivos de comunicación entre el Departamento de Defensa o el Ejército y Trump, su Jefe de Estado Mark Meadows, o el Vicepresidente Mike Pence. American Oversight solicitó registros bajo la Ley de Libertad de Información menos de una semana después del evento, y ahora está tomando las agencias a la corte por su falta de responder. 

El intento de insurrección ocurrió inmediatamente después de un mitin en el cual Trump, en promoción de su mentira peligrosa de que el fraude electoral le había robado la elección, le dijo a sus apoyantes, “lucha con todo lo que tienes” para “recuperar su país.” En el Capitolio, el Congreso se había reunido para certificar los votos electorales para el Presidente Joe Biden, un proceso que se retrasó a causa del ataque. 

Bajo cuerdo, según informes, Trump retrasó el despliegue de la Guardia Nacional. Durante la audiencia del 3 de marzo, Maj. Gen. William J. Walker, el general al mando de la Guardia Nacional de D.C., le dijo a senadores que el Departamento de Defensa tomó más de tres horas para aprobar el despliegue. Su recuento fue similar al testimonio previsto una semana antes por el ex Jefe de la Policía del Capitolio Steven Sund que describió el liderazgo del Pentágono como demasiado preocupado por la “percepción” de las tropas arribando al Capitolio. 

Muchos de los seguidores de Trump que descendieron en el Capitolio estaban fuertemente armados, con grupos extremistas, milicias de derecha, y conspiracionistas bien representados entre los participantes. En las semanas siguientes, por medio de videos perturbadores, audiencias congresionales, y quejas criminales, una imagen ha surgido de un ataque bien coordinado y abiertamente planificado que plantea alarmantes preguntas sobre los fracasos de la inteligencia antes del 6 de enero, y la complicidad potencial de funcionarios específicos. 

American Oversight ha estado investigando estas preguntas mientras busca la rendición de cuentas por lo que equivalía a un intento de volcar una elección libre y justa. Pero también estamos investigando el retraso del despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a la desbordada Policía del Capitolio, incluyendo las alegaciones que el Pentágono dilató solicitudes para la autorización del despliegue, e informes que el presidente mismo reacio a movilizar las unidades de D.C.

Solo días después del ataque, presentamos solicitudes de FOIA con el Departamento de Defensa, el Ejército, y la Agencia de la Guardia Nacional, además del Departamento de Justicia y el Servicio Secreto, pidiendo comunicaciones enviadas o recibidas por funcionarios claves, como Walker, el ex Secretario de Defensa Christopher Miller, y el ex Secretario del Ejército Ryan McCarthy. También pedimos directivos, guías, o órdenes relacionadas — como el despliegue potencial o real de las tropas de la Guardia Nacional — para arrojar luz sobre las acciones oficiales que se tomaron la semana previa o durante el ataque. Quizás lo más importante, solicitamos las comunicaciones del DOD con Vicepresidente Pence, Trump, y Jefe de Estado Mark Meadows del 6 de enero. Esos registros son esenciales para lograr un entendimiento público de cómo el gobierno federal se preparó y respondió a una de las crisis de la democracia más graves que nuestro país ha enfrentado hasta hoy en día.