Since news broke in January 2020 of the United States’ first confirmed case of Covid-19, the disease caused by the rapidly spreading coronavirus, the federal government’s response was defined by inadequate resources, confusing communications and blatant misinformation. Former President Donald Trump’s own demonstrably false statements, the worrying scarcity of testing kits, and the administration’s questionable control of official communications have only heightened the fear that the virus is spreading through communities undetected.
In late February 2020, as the number of cases continued to rise, the Department of Health and Human Services came under fire for having sent multiple workers without proper training or protective gear to Wuhan, China, the center of the coronavirus outbreak. The whistleblower who filed the complaint also alleged that she had been retaliated against for raising concerns about those workers’ safety. Meanwhile, a delay in available testing had been exacerbated by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s decision to forgo World Health Organization tests and develop its own test, which turned out to be faulty. And public health officials and experts warned that the relatively low number of tests performed likely shielded the virus’s far larger reach.
The former president’s own statements — including downplaying Covid-19 as a regular flu, blaming the Obama administration, and suggesting that going to work while infected was safe — also reflected what many saw as a preoccupation with his own political standing and the economy over concerns about public health. Emails obtained by American Oversight from this time show that despite Trump’s public-facing assurances that the virus was just like the seasonal flu — a dangerous line he later backed away from — federal health officials were growing increasingly alarmed about the spreading pandemic.
On Feb. 28, 2020, Rep. John Garamendi told reporters that Dr. Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, was directed to “stand down” and to cancel five Sunday morning talk show appearances. That same day, CNN reported that acting White House Chief of Staff Mick Mulvaney had sent a government-wide email saying that all coronavirus-related communications must go through Katie Miller, the press secretary for Vice President Mike Pence, who had just taken control over the federal government’s response to the coronavirus. Following Pence’s appointment to lead the coronavirus response, the Washington Post reported that “the White House has been obsessed with a ‘communications problem,’” to the irritation of senior health officials focused on a measured response to the coronavirus. On March 2, public reporting indicated that the CDC changed a page on its website to remove the total number of persons tested for Covid-19, with no indication as to the reason for this change.
The month that followed raised even more questions about the administration’s response. To what extent were states treated unequally in accessing federal resources? How were society’s most vulnerable being affected, and what sort of influence did those who stand to gain the most have over the White House? What was Trump son-in-law Jared Kushner’s role? American Oversight is investigating how mismanagement in the Trump administration’s response to the coronavirus put lives at risk, and how the White House’s attempted control of information served the president’s own political interests over the health of the public.
La Respuesta de la Administración de Trump a Coronavirus
Con miedo y desconcierto total sobre el innovador coronavirus difundiendose tan rápido como la enfermedad misma, la desconfianza e ira por el mal manejo de crisis de la pandemia por la administración de Trump sigue creciendo y ha puesto a cientos de miles de vidas a riesgo. American Oversight está investigando la respuesta del gobierno a la crisis, empezando con sus declaraciones públicas engañosas y falta de asistencia federal a los estados, hasta retrasos de pruebas y influencia de la industria.
Desde la noticia en enero 2020 del primer caso confirmado de Covid-19 en los Estado Unidos, la enfermedad causada por el coronavirus de rápida propagación, la respuesta del gobierno ha sido definida por recursos inadecuados, comunicaciones confusas y desinformación descarada. Las propias declaraciones falsas del Presidente Donald Trump, la escasez preocupante de los juegos de prueba, y el cuestionable control de la administración de comunicaciones oficiales y entre funcionarios solo han empeorado el miedo que el virus se está difundiendo por comunidades sin ser detectado.
A finales de febrero, como el número de casos seguía subiendo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos enfrentó críticas por enviar a varios empleados sin entrenamiento o equipo de protección a Wuhan, China, el centro del brote de coronavirus. El informante quien presentó la queja también alegó que ella había sido objeto de represalias por levantar preocupaciones sobre la seguridad de esos empleados. Mientras tanto, un retraso en pruebas disponibles se ha empeorado por la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de renunciar las pruebas de la Organización Mundial de la Salud y desarrollar su propia prueba, la cual resultó ser defectuosa. Y funcionarios de salud pública advirtieron que los números relativamente bajos de pruebas que se realizaron probablemente disuadió la comprensión adecuada del mayor alcance del virus
Las propias declaraciones del presidente – incluyendo minimizando Covid-19 como el gripe regular, y sugiriendo que ir al trabajo mientras infectado era seguro – también reflejo lo que muchos veían como una preocupación con su propia posición política y la economía por encima de la salud pública. Correos electrónicos obtenidos por American Oversight de esto tiempo demuestran que a pesar de las garantías públicas del presidente que el virus era muy similar al gripe de la temporada – una frase de la cual se ha alejado ahora – funcionarios federales de salud estaban cada vez más alarmados sobre la pandémica.
El 28 de febrero, 2020, el congresista John Garamendi dijo a periodistas que el Dr. Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, fue dirigido a “pausar” y cancelar cinco apariciones en programas de entrevistas del domingo por la mañana. Ese mismo dia, CNN reportó que el jefe adjunto de la Casa Blanca Mick Mulvaney había enviado un correo electrónico a todo el gobierno diciendo que todas las comunicaciones sobre el coronavirus debían pasar por Katie Miller, la secretaría de prensa del Vicepresidente Mike Pence, quien justo había tomado control de la respuesta del gobierno al coronavirus. Después de que Mike Pence fuera nombrado para dirigir la respuesta al coronavirus, el Washington Post reportó que “la Casa Blanca estaba obsesionada con un ‘problema de comunicaciones,” a la irritación de altos funcionarios de salud quien estaban enfocados en una respuesta calculada al coronavirus. El 2 de marzo, informes públicos indicaron que el CDC cambió una página en su sitio de web para eliminar el número total de personas examinadas por Covid-19, con ninguna indicación de la razón por el cambio.
El siguiente mes aún más preguntas surgieron sobre la reacción de la administración. ¿Hasta qué punto han sido tratados los estados de manera desigual en el acceso a los recursos federales? ¿Cómo se ven afectados los más vulnerables y qué tipo de influencia tienen los que están en una posición de ganar algún beneficio sobre la Casa Blanca? ¿Que es el papel del yerno de Trump Jared Kushner? American Oversight está investigando si el mal manejo de la respuesta de la administración de Trump al coronavirus ha puesto vidas en riesgo, y si los esfuerzos de la Casa Blanca para controlar información han servido los intereses políticos de Trump por encima de la salud pública.
